Boletín Jurídico

Ampliación Programa PAEF y PAP. Ley 2060 de 2020

El Gobierno Nacional emitió el la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, por la cual se modifica el programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP)

Se amplía el periodo de apoyo temporal a los beneficiarios del programa PAEF, hasta el próximo mes de marzo de 2021, mediante el cual se brinda el beneficio al empleo formal en Colombia. Además, encontramos en la ley que dentro del benefició se incluyeron a los patrimonios autónomos, otro aspecto importante es que, se otorgará un beneficio del 50% para compañías en los que se encuentren mujeres en su planta de personal y para los Hombres se mantendrá sobre el 40%, para el sector especifico relacionado con las actividades turísticas, hotelero y gastronomía, y actividades artísticas de entretenimiento y recreación, el subsidio será del 50% de un salario mínimo.

En el caso del programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP), se amplía la posibilidad de un segundo pago en el mes de diciembre. Los empleados que se tendrán en cuenta para el pago de este beneficio serán los que estén reportados en la planilla de diciembre y que tambien hubiesen cotizado en los periodos de octubre y noviembre del presente año

Ver ley 2060 del 22 de octubre de 2020

Corte amplía beneficiarios del descuento por IVA en activos fijos

Descuento del IVA pagado por la adquisición y puesta en funcionamiento de activos fijos reales productivos, aplica también para no responsables de IVA.

A través de la Sentencia C-379 del 2 de septiembre de 2020, la Corte Constitucional amplió el alcance del artículo 95 de la Ley 2010 de 2019, permitiendo que los contribuyentes no responsables de IVA también pueden tomar como descuento, en el impuesto sobre la renta, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización.

La sentencia C-379 de 2020 de la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Cristina Pardo Shlesinger, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 83 de la Ley 1943 y artículo 95 de la Ley 2010. La norma en cuestión incluye, como descuento admisible en el impuesto sobre la renta, el IVA pagado por los responsables de IVA en la adquisición, importación, construcción y contratación de servicios necesarios para la puesta en marcha de activos fijos reales productivos.

La Corte estudió la norma mencionada bajo la óptica de la violación al principio de igualdad, pues el beneficio está previsto únicamente a favor de los responsables de IVA. En la sentencia citada, la Corte indicó que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, pues no hay justificación constitucional para otorgar el beneficio únicamente a los sujetos responsables de IVA.

En este orden de ideas, la Corte estableció que, si bien el beneficio se otorgaba a dos sujetos distintos desde la óptica del IVA (por su carácter de responsable o no responsable de IVA), el descuento tributario se materializaba en la declaración del impuesto sobre la renta, en donde esa distinción no es relevante. Así, según la Corte, “independientemente de su condición de responsables o de no responsables del IVA, ambos grupos son sujetos contribuyentes del impuesto sobre la renta, indistintamente de si tienen o no la condición de declarantes”
Parte del análisis de la Corte se fundamentó en el objetivo de la norma estudiada, que es potenciar la economía a través del otorgamiento de incentivos fiscales para aminorar la carga de los empresarios en la adquisición y puesta en marcha de los activos fijos reales productivos. En ese sentido, siendo una finalidad constitucionalmente permitida, pero que quedó consignada en un texto legal que establece un tratamiento desigual injustificado, la Corte moduló el alcance de la expresión “Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA)” del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, en los siguientes términos: “en el entendido de que al beneficio tributario contemplado por la norma correspondiente también podrán acceder aquellos sujetos que no son responsables del Impuesto sobre las Ventas”.

Por último, es importante resaltar que, por regla general, las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia futuro. Al respecto, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia indica que “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Para el presente caso, no se advierte claramente algún tipo de modulación en los efectos del fallo, por lo que será muy importante analizar en cada caso su aplicación.

Ver texto completo de la Sentencia C-379 de 2020

9 razones por los que una empresa necesita un abogado

Piensa en todos los actos diarios que se realizan en una PYME y verás como disponer de un equipo de abogados te facilitará la vida porque contarás con asesoramiento y protección legal. Muchas situaciones cotidianas tienen una gran carga legal que merece la pena consultar con un experto para hacer las cosas bien y evitar futuros problemas.

1. Blindar tus relaciones con proveedores y clientes

¿Cuántas veces has cerrado un acuerdo por teléfono o intercambiado emails? ¿Cuántas cláusulas hubieras eliminado de un contrato pero por desconocimiento ni lo has comentado? Un contrato no solo evita muchos malentendidos que suelen ocurrir sino que anticipa cómo actuaremos en caso de desacuerdo. Un abogado nos recomendará cláusulas que prevean estas situaciones y que nos protejan. Además, podrá aconsejarnos incluir una cláusula que indique que, en caso de conflicto, acudiremos a una mediación de conflictos antes que a juicio, ya que es una vía de resolución más económica y rápida.

2. Frenar la morosidad

La incidencia de este problema en pymes es elevada,  pero lo que muchos empresarios ignoran es que se puede reducir el impacto de la morosidad prestando atención a los detalles administrativos y legales del día a día: entregar presupuesto, solicitar su aceptación, documentar la entrega del producto con un albarán, especificar los entregables de un proyecto en un contrato de servicios… para todo esto, y para saber si tus facturas reúnen los requisitos legales necesarios, o para aclarar responsabilidades en los plazos de entrega o en la calidad, nada mejor que levantar el teléfono y poder consultarlo con un abogado de forma rápida y ágil. Te indicarán las medidas preventivas adecuadas a adoptar para evitar el impago y, si sucede, contarás con las mejores armas de negociación para que la reclamación sea rápida y te permita recuperar la cantidad que te corresponde.

3. Evitar problemas con el uso de datos de tus clientes

¿Sabes que una acción tan habitual como el envío de un email a un cliente con nuevas ofertas te puede suponer una multa si no cuentas con su consentimiento? ¿La solución? Tener a alguien experto a quien poder preguntar cualquier duda que surja, en el día a día, con el manejo de los datos personales de clientes y trabajadores.

4. Cuando piensas contratar a un trabajador

Es conveniente tener un buen asesoramiento profesional que te ayude a vigilar los costes de estructura y a aprovechar la flexibilidad de la ley, asesorándote sobre qué contratos te benefician más, qué derechos y deberes tiene frente a sus trabajadores,… Estar al día en temas laborales puede animarnos a contratar sin miedos.

5. Competir en un entorno online

El imparable auge de las nuevas tecnologías ha obligado a las empresas a ponerse las pilas a la hora de tratar cuestiones como el comercio electrónico, la protección de datos personales, la firma electrónica, los sorteos y promociones o cumplir con la política de cookies,… aunque no siempre se tengan claros los aspectos legales que conllevan.

En Internet no todo vale y se debe tener en cuenta que una infracción cometida en el entorno online puede obtener magnitudes mucho mayores por el simple hecho de su inmediatez y cantidad de afectados que pueden llegar a verse implicados. Es necesario contar con el respaldo de abogados especialistas en nuevas tecnologías y seguridad online para asegurarnos que nuestra web cumple con toda la normativa.

6. Cuando las comidas familiares parecen reuniones de empresa

Si dirigir una compañía ya es tarea complicada, conciliar además los intereses de la familia en su seno, lo es mucho más. Muchas veces las empresas son familiares por lo que la conciliación entre intereses familiares y empresariales es el pan de cada día. El relevo generacional, los conflictos de intereses, la implicación emocional en el ámbito empresarial, la informalidad o demasiados familiares participando en la gestión… son problemas que dificultan la gestión del negocio, impactan en los resultados e incluso la continuidad de la empresa. No siempre es fácil para la familia encarar sola la resolución de estas cuestiones, a menudo la mejor opción es reunir las partes y a través de la intervención de un mediador con criterio independiente y libre de vinculación afectiva, intentar encontrar entre todos la mejor solución para la empresa y para preservar las relaciones interpersonales.

7. Si eres un franquiciado

El modelo de expansión de negocio mediante franquicias ha crecido en los últimos 5 años. Para todos aquellos que han abierto una franquicia, es importante, no solo entender el contrato que les vincula al franquiciador sino también saber cuáles son sus derechos y obligaciones frente a este. Las discrepancias que surgen entre franquiciados y franquiciadores suelen estar motivadas por múltiples causas pero sobretodo por obligaciones establecidas en el contrato como por ejemplo la falta de publicidad de la red o de asistencia técnica o comercial, la infracción de la zona de exclusividad del franquiciado, etc. Con relativa frecuencia se producen situaciones de conflictividad entre la franquicia y el franquiciado y en cualquier caso, conviene estar preparado y bien asesorado por un abogado especializado que tenga claros desde el principio los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

8. Para sobrevivir mejor en tu entorno

La ubicación de tu empresa es clave: una gran inversión y una decisión estratégica, por eso es importante mantener una buena relación con los vecinos, con la comunidad de propietarios, con tu arrendador, etc. Saber cuáles son tus derechos y obligaciones es fundamental. Por ejemplo, si eres propietario es vital que conozcas los estatutos de la comunidad para confirmar si estás autorizado a desarrollar tu actividad comercial en ese local, no sea que te encuentres después de realizar las obras con sorpresas desagradables. Contar con el consejo de un abogado que valore los conflictos que puedan surgir, te ayudará a gestionar mejor las situaciones y a mantener buenas relaciones con todos ellos y, sobretodo, a evitar gastos que no te corresponden.

Conozca el proceso Sancionatorio de la UGPP

El principal objetivo de las acciones de cobro emanadas por la UGPP, es propiciar e incentivar el pago inmediato de las obligaciones que el aportante sea empresa, trabajador independiente, y/o rentistas de capital adeuden al sistema de la protección social, y el inicio de las acciones judiciales o coactivas a que haya lugar.

La UGPP., en virtud de su potestad sancionatoria establece unos pasos que son inevitables y que, de conformidad con la Ley, deberán ser aplicados con su respectivo procedimiento, de este modo, en el capítulo 2 de la resolución 2082 de 2016, observamos el “estándar de acción de cobro” con lo siguiente:

1. La constitución del título ejecutivo
2. Las acciones persuasivas
3. Las acciones jurídicas.

Etapas que son indispensables e iniciales en los procesos de la UGPP, siendo la acción persuasiva una de la más importantes, pues, se da cuando la unidad solicita al presunto responsable corregir los errores de los pagos de seguridad social o parafiscales; una vez estén agotadas las presentes etapas y vencido el plazo que tiene la unidad para el desarrollo de las mismas, se podrá empezar el respectivo proceso de determinación de obligaciones, que esta a cargo de la unidad y está conformado en tres subprocesos que son, fiscalizar, liquidar y atender el recurso de reconsideración.

El primero de ellos (fiscalizar), encontramos el requerimiento de información que consiste en una actuación administrativa, y tiene como objetivo principal solicitar al aportante el envío de información que demuestre el correcto pago de contribuciones parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral.

Por ende, si usted en calidad de empresa, rentista de capital o independiente es notificado del requerimiento de información, deberá remitir en el término establecido en la comunicación a la UGPP, la totalidad de la información solicitada dentro de los plazos establecidos con la calidad y completitud requeridos por la unidad, so pena de que se inicie simultáneamente un proceso sancionatorio por no envío de información o por el envío incompleto de la misma.

Además, deberá tener en cuenta que la información de la unidad podrá ser de carácter contable, tributaria y dentro de la misma podrá solicitar, nomina de salarios, balances de prueba, cuentas contables de costos, entre otros.

A su vez, el requerimiento para declarar y/o corregir que es un acto administrativo de trámite donde la UGPP., propone al aportante cumplir con las obligaciones determinadas por concepto de inexactitud, mora u omisión en la liquidación y pago de aportes al Sistema de la Protección Social, es decir, ya existe una presunta conducta de OMISIÓN, INEXACTITUD y/o MORA., por tanto en esta etapa, deberá ser el aportante quien atienda el requerimiento, corrija la declaración de la autoliquidación de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

En caso de no estar de acuerdo con lo manifestado en el requerimiento para declarar y/o corregir, se deberá dar respuesta dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del mismo por escrito con sus objeciones con las pruebas a que haya lugar.

En el segundo subproceso (liquidar), observamos la liquidación oficial siendo el acto administrativo definitivo mediante el cual se modifica la autoliquidación del aportante y/o determina la obligación a pagar por concepto de aportes al Sistema de la Protección Social.

Contra la misma, proceden los siguientes recursos o medios de control:

Recurso de reconsideración: procede dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la notificación de la Liquidación Oficial.

Recurso extraordinario de Revocatoria Directa, siempre y cuando no se hubiere interpuesto el recurso de reconsideración, o cuando interpuesto hubiere sido inadmitido, y siempre que se ejercite dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

Una vez admitido el recurso de reconsideración, La Unidad cuenta con un término hasta de un (1) año para proferir el fallo. Al notificar el fallo se agota la vía gubernativa y se dará inicio al proceso de cobro (si no se presenta pago).
Finalmente, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la resolución que resuelva el recurso se podrá interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa, haciéndose necesario tener una asesoría especializada con un profesional experto en asuntos de UGPP., que le faciliten el proceso.

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¿El área de cobro de su empresa tiene certeza de cómo llenar las facturas de venta para tener un proceso judicial efectivo?

Nuestros abogados continuamente se ven enfrentados ante fallidos procesos ejecutivos que eviten dilaciones injustificadas, y resulten realmente efectivos a la hora de embargar bienes o cuentas de aquel deudor moroso.

La primera de las limitaciones, se hallan por el notorio desconocimiento a la hora de llenar facturas conforme a los requisitos normativos, para que se constituyen como títulos valores, y que sean realmente ejecutables.

Conforme al artículo 773 del código de comercio colombiano, se tiene lo siguiente:

“… La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento. (…)”

Es por ello que uno de los requisitos de la factura es la firma, esta representa la aceptación de la factura por parte del comprador, reconociendo así los derechos y obligaciones contenidos en ella.

Suele suceder que cuando se emite la factura, no se tiene el cuidado de hacerla firmar por el comprador, o sea remitida por correo electrónico o físico, pero no se tiene en cuenta la contra entrega por parte de dicho servicio, o no se hace la solicitud al cliente de que la envíe original y firmado. Surgen entonces los inconvenientes al tener dicha factura sin firmar, pues no tiene una aceptación expresa que constituya un título valor que preste mérito ejecutivo, es decir un proceso judicial de cobro más expedito no sería posible.

Es por estas razones, que para evitar un proceso judicial de larga duración, como lo puede ser el declarativo, es necesario, que además de tener la firma expresa del recibido, debe contener lo contemplado en el artículo 774 del código de comercio:

“1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguiente a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada.

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas.”

De esta manera se recomienda contactar el equipo jurídico de UBICAR ABOGADOS, para realizar un adecuado análisis de los títulos valores que se encuentren en mora.

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Los pasos a seguir en la correcta reclamación del seguro de vida grupo deudores

El Seguro de Vida Grupo Deudores es una modalidad de contrato que garantiza a la entidad financiera el pago total de la obligación soportada en un crédito financiero, amparando la muerte o incapacidad total y permanente de su deudor.

Por regla general, cuando se adquiere un crédito bancario, este trae consigo una póliza de vida deudores. Esta póliza ampara los riesgos por muerte o incapacidad total y permanente del deudor, y de esta forma, garantiza a la entidad financiera el pago total de la obligación.

Previamente a la suscripción o firma de este contrato, el asegurado/deudor deberá diligenciar un formato denominado “solicitud del seguro”. En este formato se ingresa información personal referente a la edad y estado de salud, es importante que este formato contenga información real y cierta; cualquier alteración de esta información u ocultamiento podrá viciar el contrato de seguro y provocar que, una vez ocurra la muerte o la incapacidad total o permanente, la compañía aseguradora objete (no pague) el valor asegurado o pactado.

Cuando acontece cualquiera de estos dos (2) eventos, tanto la entidad bancaria (tomador de la póliza) como deudor (asegurado), deberán informar la ocurrencia del siniestro (muerte o incapacidad total o permanente) presentando la correspondiente reclamación ante la compañía aseguradora. En virtud del contrato y la ley, el asegurador deberá asumir el pago del saldo insoluto de la deuda, esto, en virtud de la obligación condicional del asegurador; no obstante, como ya se explicó, la inconsistencia en la información suministrada dentro del formulario de solicitud del seguro, podrá viciar de nulidad relativa el contrato impidiendo que el asegurador cumpla con el pago total de la obligación.

¿Cómo se puede incurrir en una posible inexactitud? Al momento de declarar dentro de este formulario (solicitud del seguro), una edad que no corresponde y/o abstenerse de expresar todas las patologías (enfermedades) que se padecen.

Ahora bien, una vez ocurrido el siniestro, esto es, la muerte o incapacidad total y permanente del deudor, ¿qué pasos se deben surtir para realizar correctamente la reclamación ante el asegurador?

1. De conformidad con el artículo 1077 del código de comercio, le corresponderá al asegurado/deudor, demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Así las cosas, en caso de muerte del deudor, deberán allegarse junto con la reclamación, los siguientes documentos:

• Certificado/Acta de defunción. Este certificado será un medio probatorio idóneo, pertinente y conducente para demostrar la muerte del deudor o asegurado.
• Certificado de deuda expedido por la misma entidad bancaria donde conste el saldo actual de la deuda.
• Copia de la cédula.

En caso de existir beneficiarios del seguro de vida deudor, deberá aportarse adicionalmente: partida o registro civil de matrimonio (cónyuge), registro civil de nacimiento (hijos).

Ahora bien, cuando ocurra la incapacidad total y permanente, el asegurado/deudor deberá aportar:

• Copia del dictamen de invalidez emitida por la EPS, ARL, Colpensiones o la Junta Regional o Nacional de
• Calificación de Invalidez en el que conste: La causa de la incapacidad y el porcentaje de pérdida de capacidad.
• La historia clínica del deudor o asegurado.
• Certificado de deuda expedido por la misma entidad bancaria donde conste el saldo actual de la deuda.
• Copia de la cédula

La compañía aseguradora no podrá imponer cargas probatorias adicionales.

No sobra advertir que cualquier persona que adquiera un producto o póliza de seguro, podrá acudir a la superintendencia financiera de Colombia y elevar las quejas respecto al incumplimiento de lo pactado, por posibles violaciones a los derechos del consumidor financiero.

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No sufra más con los deudores morosos, le hablaremos de cómo recuperar su cartera de manera eficaz.

Hoy es evidente que una de las mayores preocupaciones de las empresas es el incremento de los niveles de morosidad, la cual trae consecuencias en una creciente molestia al interior de las instituciones, bien sea por la responsabilidad en la que se ven inmersos tanto empleados, vendedores y gestores de cartera; como también el área contable.

Si bien la cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes de una empresa, al igual que abre la posibilidad de generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en ingresos. Encontramos como asesores jurídicos y analistas, que la problemática no corresponde enteramente a aquella “falta de palabra del cliente deudor”; sino a las malas praxis de las políticas de cobro, la falta de planeación en la gestión y/o de una estrategia definida, así como la carencia de análisis previos que se deben hacer antes de aprobar un crédito.

Frecuentemente hemos encontrado que la confianza depositada en un cliente se halla en el renombre que tenga el mismo, o por las recomendaciones que se hagan de él en el gremio; pero hoy día esa cultura de la confianza no es la mejor amiga de un empresario.

Es por ello que Ubicar Abogados se ha sumergido al interior de las empresas con trayectoria, mostrando opciones dinámicas que ofrezcan una garantía previa a un desembolso, es decir buscamos prevenir un incendio, en vez de apagarlo.

Esto sin desconocer nuestro crecimiento y apoyo esencial en los cobros pre jurídicos, y efectivos procesos ejecutivos; cabe resaltar que estos últimos se ven afectados por el notorio desconocimiento a la hora de llenar títulos valores y/o facturas, que sean realmente ejecutables. Pero de esto hablaremos en un blog posterior.

Sobra decir que la manera eficaz no se encuentra cuando el cliente lleva meses en mora, sino previamente es establecido el contacto promocional con el mismo.

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La indemnización en el seguro de vida

¿De que trata un seguro de vida?

La póliza de vida o sobre la vida es un seguro que cubre el riesgo de muerte, supervivencia e incapacidad. El seguro de vida cubre los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad o salud de las personas.

¿Que es un seguro de vida deudor?

Es un seguro voluntario en el que una compañía de seguros se pone de acuerdo con el acreedor financiero, que de fallecer o perder la capacidad laboral el deudor, el saldo del crédito será pagado por el seguro.

La mayoría de los aseguradores ofrecen en ésta póliza los amparos de muerte e incapacidad total y permanente -ITP-. En las dos coberturas (muerte e ITP) el seguro paga el saldo del crédito, según el valor de la deuda al momento de presentarse los eventos de muerte o ITP.

En el amparo de incapacidad total y permanente ITP, la compañía de seguros pagará el saldo del crédito si el deudor asegurado tiene una calificación de pérdida de la capacidad laboral superior al 50%.

¿Que hacer si la compañía de seguros no paga la indemnización de la póliza de vida?

Algunas compañías de seguro cuando se presentan las reclamaciones de los deudores asegurados, niegan el pago de la indemnización basándose la mayoría de las veces en las siguientes excusas:

Inexactitud, omisión, falta a la verdad en la solicitud del seguro: Consideran que el deudor asegurado omitió, fue inexacto, falto a la verdad al informar a la compañía de seguros su estado de salud, edad u otro dato relevante para que expresará la aceptación, negación del seguro o cobrará más prima o precio.
No cumple los requisitos exigidos para la ITP -Incapacidad Total y Permanente-: Algunas compañías de seguros en sus contratos o textos de la póliza, para el amparo de ITP incluyen que el deudor “no podrá realizar ningún tipo de actividad laboral” y en ocasiones interpretan a su criterio cuando podría darse o no, dicha condición, a veces ignorando la realidad del afectado quien inclusive puede ser beneficiario de la pensión de invalidez, pero no contar con la indemnización de su seguro de vida.

De acuerdo a la ley mercantil, el interesado podrá presentar una reclamación escrita, -sin requisitos especiales-, ante la compañía de seguros o el acreedor financiero, deberá demostrar dos circunstancias; a) ocurrencia del siniestro (muerte o incapacidad total y permanente -ITP-) y b) cuantía de la pérdida; para ello, podrá acompañar su escrito de los siguientes documentos; en caso de muerte (fotocopia del registro civil de defunción, cédula de ciudadanía del beneficiario -deudor-, historia medica completa del medico tratante, extracto bancario vigente al momento del fallecimiento) y para ITP (Dictamen de calificación de invalidez o informe y certificado del medico legalmente habilitado para calificar la invalidez, en adición a los documentos ya enunciados para el amparo de muerte con excepción del registro de defunción)

De no contar con la totalidad de los documentos, el interesado podrá interponer un derecho de petición, dirigido al asegurador, medico tratante, EPS o cualquier otra entidad o persona que tenga en su poder los documentos explicados en el párrafo anterior y dichos destinatarios estarán en la obligación por ley de facilitarlos.

Casos de exito !puede sucederle!

Ubicar Abogados, firma legal especialista en derecho de seguros, con presencia en las principales ciudades del país, cuenta con diez (10) años de experiencia manejando consultoría y litigios por cuantías que hoy en día superan los COP$60.000 millones de pesos, y que ha defendido casos similares a aquellos que pueden ser de su interés, según las siguientes historias de éxito:

Profesora por más de 40 años, que en el año 2006 adquirió póliza de seguro vida grupo conocida como PLAN EDUCADORES DE COLOMBIA, amparos y anexos de vida, muerte accidental, enfermedades graves, incapacidad total y permanente. Debido al paso del tiempo y al esfuerzo vocal que su profesión, le fue diagnosticada disfonía, atrofia de pliegue vocal y a su vez tunel del carpió, incapacitada por 175 días, logrando la resolución por medio de la cual se le retiraba del servicio por pensión de invalidez, con una calificación del 96% de la perdida de capacidad laboral, según concepto medico laboral, dando lugar así a la justa reclamación del amparo de INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, siendo negado el pago de la indemnización por la compañía aseguradora argumentado que a su parecer no se cumplían los requisitos establecidos en el contrato de seguro. En uso de la acción de protección al consumidor, nuestra firma interpuso demanda ante la Superintendencia financiera, basando la teoría del caso, en el abuso de la posición dominante del asegurador y la imposición de cláusulas abusivas que afectaban de forma desproporcional el derecho a recibir la indemnización del seguro, logrando con ello, recibir propuesta conciliatoria equivalente al valor asegurado de la póliza.

Comerciante que en vida solicito crédito ante un banco, falleciendo posteriormente a razón de un cáncer que años atrás había sido tratado exitosamente, y por lo cual el asegurado había omitido informar en la solicitud del seguro, una vez la esposa e hijos sobrevivientes realizaron la reclamación ante la compañía de seguros, le fue negada por faltar a la verdad; sin embargo, la aseguradora, a pesar de haber conocido dicha inexactitud sobre el estado de salud, no demando el contrato de seguro, dejando pasar el tiempo dispuesto por ley, situación que con una adecuada interpretación jurídica, fue utilizado para solicitar al juez que otorgara la indemnización, siendo finalmente una decisión ratificada en dos instancias favorable a la familia del comerciante, cumpliendo así el objeto del seguro de vida deudor y es que las obligaciones adquiridas en vida no sean trasladadas a los herederos.

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Protección al comprador de vivienda nueva – Garantía Decenal

DECRETO REGLAMENTARIO 282 DE 2019

Conforme a este decreto reglamentario, el vendedor o constructor de vivienda nueva, incluida la vivienda de interés social VIS, antes de realizar la primera venta en proyectos que generen cinco (5) o más unidades habitacionales, deberá constituir una garantía que ampare al propietario o sucesivos propietarios de los perjuicios patrimoniales que se puedan ocasionar cuando la construcción, dentro de los diez (10) años siguientes a su entrega, perezca o presente amenaza de ruina, en todo o parte, por la presencia de vicios en la construcción, vicios del suelo o vicios de sus materiales.

Para dar cumplimiento efectivo de las anteriores obligaciones, el vendedor o constructor de vivienda nueva podrá constituir como garantía, una fiducia, una póliza de seguro o una garantía bancaria, las cuales deberán acatar los requisitos legales y las condiciones de vigencia, permanencia, liquidez y suficiencia.

Tal mecanismo de amparo deberá cubrir eventos ocurridos dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de expedición del respectivo Certificado Técnico de ocupación, así como contar con condiciones de liquidez, es decir, la posibilidad de realizar el pago, de reconstruir las soluciones habitacionales y/o realizar intervenciones que garanticen la estabilidad, habitabilidad y seguridad de las viviendas.

En caso de requerirse una intervención o reconstrucción, la vigencia de tal cobertura deberá prorrogarse por doce (12) meses más, tiempo en el cual el constructor o vendedor tendrá la obligación de asumir todos los costos de arriendo en que incurran los propietarios de las viviendas afectadas, hasta el valor mensual de 1.5 S.M.M.L.V

Así mismo serán responsables civil y/o penalmente por los perjuicios que se ocasionen, los profesionales que intervengan en el proceso constructivo y que incurran en el indebido ejercicio de su labor.

De igual forma, Cuando se constituyan patrimonios autónomos o se vinculen personas jurídicas para desarrollar un proyecto de vivienda, se deberá identificar en los correspondientes contratos fiduciarios o estatutos sociales, quién es el constructor o vendedor responsable de amparar los perjuicios patrimoniales. En cualquier caso, deberá identificarse e individualizarse a los responsables.

Impuesto sobre las ventas para vivienda de interés social en la nueva ley de financiamiento.

La nueva ley de financiamiento trajo consigo reformas significativas para el sector constructor relacionadas con el impuesto sobre las ventas aplicado a la vivienda de interés social. Es así como (ver más)

Es así como el artículo 424 del Estatuto Tributario (ley 1819 de 2016), gravaba con I.V.A. la primera enajenación de vivienda de interés social y/o de interés prioritario, aplicando la devolución de saldos a favor del contribuyente únicamente respecto a algunos materiales de construcción y cuando se cumplieren los requisitos del parágrafo 2 del artículo 850 del E.T.

Para el año 2019, la exención aplicará para vivienda de interés social, conforme al artículo 1 de la ley 1943 de 2018 (ley de financiamiento) el cual modificó los numerales 12 y 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, exonerando del Impuesto sobre las Ventas a la enajenación de bienes inmuebles incluida la vivienda de interés social VIS.

De igual manera se mantuvo la exención para el desarrollo y financiación de viviendas de interés social, así como para proyectos de renovación urbana.

A continuación exponemos un cuadro comparativo que incluye la normatividad anterior y su respectiva modificación: