Author: Ubicar Seguros

Pese a la pandemia, el registro de marcas ante la Superindustria creció 24% en 2020

Mientras en 2019 se registraron 34.092 marcas, en 2020 la cifra subió a 42.491, lo cual representa 8.399 trámites adicionales

El registro marcario aumentó durante 2020 según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues el número de solicitudes concedidas subió 24% comparado con el año inmediatamente anterior. Esto significa que mientras en 2019 se registraron 34.092 marcas, en 2020 la cifra subió a 42.491, esto son 8.399 trámites adicionales.

A pesar de la crisis causada por el covid-19, se concedieron tres denominaciones de origen el año pasado, mientras que en 2019 se registraron dos. Las denominaciones de origen son un signo distintivo que indica la procedencia de un producto y cuyas características dependen de un área geográfica determinada.

Por ciudades, Bogotá y Medellín fueron las ciudades donde más se otorgaron marcas, pues lograron 10.050 y 4.338 registros, respectivamente. Envigado y Bucaramanga, a pesar de estar en el top de ciudades con más registros, obtuvieron 555 y 503 marcas inscritas, respectivamente.

Vigile su identidad digital en un proceso judicial

La modernización de la rama judicial debe ir de la mano con la implementación de mecanismos seguros de autenticación.

Recientemente, se ha anunciado una importante inversión del Estado en la modernización tecnológica de la rama judicial. Aunque, desde el año 2000, con iniciativas como Gobierno en Línea o Digital, se han promulgado diversas normas en este sentido, algunas no han podido cumplirse a cabalidad por falta de recursos o de voluntad política y administrativa.

El Decreto 806 de 2020 ha reglamentado el uso de mecanismos tecnológicos como el correo electrónico y, gracias a la pandemia, se aceleró la evolución digital. Sin embargo, hay que establecer herramientas duraderas para evitar una nueva congestión judicial, volver a las interminables visitas presenciales en los juzgados, a los expedientes voluminosos y anaqueles llenos de procesos represados.

Para mantener el uso de las TIC en el sector justicia se deben garantizar dos cosas:

1) celeridad del proceso, así como facilidad de comunicación entre las partes y terceros.
2) garantizar el debido proceso y la seguridad de las actuaciones a través de medios digitales.

Sobre este último punto, tanto los trabajadores de los juzgados como las partes y terceros están construyendo una identidad digital. Esta permitirá la identificación de una persona en medios electrónicos que funcionará de forma paralela a la identidad física o tradicional, la cual -normalmente- se acredita mostrando la cédula de ciudadanía.

¿Cómo se construye la identidad digital en los procesos judiciales?

En el caso de los abogados, la identidad digital se edifica a partir de los correos electrónicos registrados en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados –SIRNA-. En el caso de comerciantes, se fabrica en los correos electrónicos registrados en la Cámara de Comercio que corresponda.

Si se remite un mensaje o memorial desde un correo registrado en alguna de las bases de datos mencionadas anteriormente se asociará inmediatamente a una persona en el mundo físico, produciendo efectos procesales y sustanciales. Por ejemplo, si desde el correo electrónico de un abogado registrado en el SIRNA se remite una solicitud de desistimiento del proceso, el juzgado de conocimiento la tramitará y decidirá en derecho, aún si dicha solicitud no cuenta con una firma.

Ello significa que la pérdida del correo electrónico conlleva la pérdida de la identidad digital, facilitando la suplantación de abogados, partes y terceros en procesos judiciales. Esto pone en grave peligro tanto los derechos que se debaten en juicio como la misma confianza en el sector justicia.

Este panorama se agrava teniendo en cuenta el aumento exponencial de los delitos informáticos, los cuales incluyen la sustracción de información personal, instalación de softwares maliciosos y hackeo de contraseñas. La pérdida de acceso a un correo electrónico no es una circunstancia de rara ocurrencia; por el contrario, la modernización del crimen facilita que este tipo de hechos ocurran con mayor frecuencia.

Por lo anterior, es imprescindible que la rama judicial adopte mecanismos de autenticación fuertes, que permitan asegurar con certeza la identidad de las personas que diariamente interactúan con los distintos despachos judiciales a nivel nacional. Algunos de estos mecanismos, además, sirven para firmar documentos electrónicos.

De acuerdo con la normativa colombiana, se pueden distinguir tres tipos de firma:

Firma electrónica: Se basa en esquemas de usuario y contraseña, donde la validación de identidad se realiza por medio de formularios de preguntas y respuestas (normalmente información bancaria) o códigos que llegan al celular o correo electrónico. Son una solución de seguridad baja o media, pues es relativamente sencillo suplantar la identidad de una persona.

Firma electrónica certificada: Emitida por una Entidad de Certificación Digital cuyo proceso de emisión es acreditado y auditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Estas garantías facilitan el cumplimiento de los requisitos de validez de la firma electrónica establecidos en el Decreto 2364 de 2012, pues no toda firma electrónica se entiende como equivalente de una firma manuscrita.

Firma digital: Alternativa más segura no solo en Colombia sino en el mundo, ya que se trata de una infraestructura de clave pública (Public Key Infrastructure -PKI-), sumada a un proceso de validación de identidad riguroso. Esto garantiza la autenticidad e integridad del documento suscrito. En numerosos países se ha establecido que la firma digital genera una presunción legal de autenticidad, prerrogativa que no tienen las firmas electrónicas.

Por su uso generalizado, se deben mencionar las firmas escaneadas, las cuales consisten en una digitalización o escaneo de una firma manuscrita para después pegarla en un documento. Estas se han entendido como firmas electrónicas que, según la doctrina y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, tienen un muy bajo nivel de seguridad. No se aconseja su uso, dado que es muy fácil que terceros no autorizados copien la firma y la peguen en numerosos documentos electrónicos sin conocimiento del titular.

En conclusión, la modernización de la rama judicial debe ir de la mano con la implementación de mecanismos seguros de autenticación que protejan la identidad digital de los intervinientes del proceso judicial e impidan conductas fraudulentas. Para ello, es aconsejable que, en cuanto a los trámites de mayor riesgo, se usen firmas digitales junto a un segundo factor de autenticación como es la biometría facial, sin perjuicio del uso de la cédula de ciudadanía digital.

La buena noticia es que el Plan de Transformación Digital de la Rama -el cual se encuentra en su fase incial de implementación- incorpora en su plataforma distintos mecanismos de autenticación digital, desde bajo y medio nivel de seguridad (como las firmas electrónicas) hasta alto y muy alto nivel de seguridad (como los certificados de firma digital así como procesos de On Boarding digital, mediante el uso de biometria facial consultando las bases de datos de la Registraduria Nacional).

Cortesía portafolio.co

Cómo crear una empresa en Colombia

Muchas empresas extranjeras han querido crear en Colombia una empresa, sin embargo no cuentan con la información suficiente y la representación segura para hacerlo.

En Colombia existen múltiples formas de Constituir Empresa, entre las mas utilizadas hoy en dia estan:

1. Sociedades por Acciones Simplificadas SAS

2. Sociedades de responsabilidad Limitada

3. Sociedades Anónimas.

4. Sucursal de Sociedad Extranjera.

No es que sean los únicos tipos de empresa, sino que son los mas utilizados de acuerdo a las necesidades actuales.

Entonces en este punto es necesario revisar algunos temas como a que me dedico, que servicios presto, cuantos socios o accionistas constituyen la empresa, que actividad económica realizo por ejemplo.

Esto nos permitira elegir la forma jurídica que se vaya a utilizar en la creación de la empresa.

Pero independiente de lo anterior siempre se debe seguir con una serie de pasos en la creación jurídica de la empresa, los cuales enunciaremos de manera general:

1. Se debe realizar un acta de constitución, donde se especifiquen capital social, duración, órganos de representación, representante legal, facultades y demás normas que regulan el funcionamiento de la empresa.

2. Revisar que el nombre se pueda registrar y que no esta registrado por otra persona jurídica.

3. Solicitar un Rut, este proceso lo realiza normalmente la Cámara de Comercio al momento de creación de la empresa.

4. Radicar estos documentos en la Camara y Comercio, quien los estudiara y aprobara. En el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, este proceso dura un mínimo de 4 horas en su aprobación siempre y cuando no existan ajustes.

5. Una vez aprobada por Cámara y Comercio con Nit, Rut y estados financieros iniciales se procede a abrir cuenta bancaria.

En general estos pasos se deben seguir en la creación de empresas y las variaciones entre un tipo de empresa y otro es mínima y depende de quien regule las empresas. Por ejemplo quienes desarrollan actividades financieras y las rige la superintendencia financiera deben cumplir algunos requisitos específicos, igual si es la Superintendencia de Sociedades, pero esto se debe revisar al momento de la constitución.

Si es una sociedad extranjera y requiere crear una sucursal en Colombia los pasos a seguir son:

• Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad.
• Poder autorizado a un abogado o persona natural para actuar en nombre de la sociedad inversionista.
• Estatutos de la casa matriz.
• Resolución del órgano competente de la casa matriz autorizando la apertura de la sucursal en Colombia, señalando como mínimo:
  • Los negocios a que se va a dedicar la sucursal
  • El monto de capital asignado a la misma
  • Su domicilio
  • Su duración
  • Las causales para la terminación de los negocios
  • El nombramiento del representante legal y sus atribuciones
  • El nombramiento del revisor fiscal

¿Qué es Legaltech y cómo está cambiando el sector legal?

La transformación de la abogacía a través de la incorporación tecnológica, mejor conocido como Legaltech es el tema del que muchos hablan, entendiendo que es un término que nace a partir de la unión de las palabras en inglés: legal & technology. Pero, ¿en qué consiste? Hablamos de una nueva área del derecho en donde se aplica la tecnología a la prestación servicios legales, incluso a la comercialización de estos, es decir, su objetivo principal es la mejora del derecho práctico en general, a través de la implementación de las tecnologías o herramientas digitales.

El concepto de LegalTech a existido desde hace mucho tiempo, sin embargo no había tomado tanta fuerza por la situación tecnológica en esa época, pero desde archivar documentos o bien, el envío y recepción de comunicaciones electrónicas se consideraban formas de agilizar y mejorar la práctica del derecho y se asociaba directamente con esta área. Ahora con la acelerada transformación e incorporación de la tecnología, se le ha dado más importancia ya que las necesidades del mundo han cambiando, teniendo que posicionar a LegalTech como aquella área legal dedicada exclusivamente a la incorporación de la tecnología al mundo legal.

Uno de los puntos más importantes que se debe resaltar de LegalTech, es la versatilidad que tiene al poder adaptarse a cualquier área del derecho que conocemos, por lo que su extensión y aplicación es mucho más general. Su trabajo se enfocará directamente a la practicidad, analizando y solucionando problemas como la falta de comunicación, desorden, retrasos, la imposibilidad de asistir a lugares por temas sanitarios etc. y después de analizarlos, buscará mejorarlos con la implementación de la tecnología.

La evolución que se ha logrado con esto, no solo cambia la perspectiva de los abogados tradicionales ya que dejan atrás ideas arraigadas del derecho y deben adaptarse a estas nuevas inquietudes que el mundo demanda, generar herramientas que hagan su labor legal más eficiente y menos costosa, de igual forma el pensamiento del cliente se transforma, pues decide entre miles de servicios, costos, plataformas, servidores y soluciones que maneja el mercado, por lo que la satisfacción del usuario/cliente se vuelve una prioridad para cualquier abogado.

Hace 30 años era imposible pensar que la automatización de los contratos se lograría, ya que la existencia de un entorno no controlado en donde un contrato se ejecutará de forma automática, una vez cumplidas ciertas condiciones que estuvieran pre-programadas sin la intervención de ningún tipo de valoración humana, se consideraba irrealizable por no contar con la tecnología ni las herramientas suficientes para generar dicha programación. Ahora, sabemos que todo eso es posible, incluso existen portafolios bastante robustos de soluciones tecnológicas, creadas para mejorar la prestación de los servicios jurídicos, quienes ahora cuentan con una amplia variedad de alternativas que van desde chatbot, hasta el análisis de la ley de forma automatizada, la generación de contratos a través del uso de formularios para los cuales no se requiere el uso de blockchain, de los contratos digitales etc.

Sin embargo, se ha tenido una gran travesía respecto a LegalTech, no solo porque no se contaba con leyes que pudieran regular el proceso, sino también por las ideas de los abogados tradicionales en donde la hoja y el papel, era la única forma de poder plasmar la voluntad de sus clientes. A todo esto, organismos internacionales como UNCITRAL (CNUDMI por sus siglas en español) y los propios países, han modificado y actualizado sus normas con la finalidad de incluir aquellas personas que apuestan por la tecnología, además de ser evidente el camino que se está trazando para la necesaria incorporación de la tecnología en el área legal no solo en Colombia, si no en el mundo.

Empresas hechas por familias deben buscar asesoría para manejar su patrimonio

La sucesión del patrimonio familiar en términos empresariales es un punto importante que todas las familias con sociedades comerciales deben tener presente.

¿En qué consiste el mecanismo del Family Office?

Se trata de una unidad de gestión y administración que presta servicios tan diversos como administración de portafolios de inversión y de inmuebles, contratación grupal de servicios y seguros. Además, ofrece servicios tipo consejería para los miembros familiares.

¿Cuál es la ventaja de esta modalidad?

Los dueños de los patrimonios deben saber que es mejor buscar asesoría. El primer paso y la ventaja principal es invitar a terceros a que evalúen a la empresa desde afuera y, sin tener consideraciones subjetivas, puedan formular observaciones que mejoren la gestión y administración del patrimonio.

¿Cuáles son los aspectos principales del patrimonio?

El negocio familiar o la empresa se administra de forma particular: accionistas, es decir, la familia; directivos compuestos por miembros de la familia y terceros; y un equipo. Este negocio genera dividendos que la familia distribuye e invierte en otros negocios como activos financieros o inversiones inmobiliarias. Conforme pasa el tiempo, los frutos del negocio familiar se convierten en el patrimonio de todos los miembros, lo cual es el meollo del asunto y ahí entra el Family Office.

¿Cuáles son los principales retos al administrar el patrimonio familiar empresarial?

Lo principal es que los miembros familiares deben aprender a separar su rol familiar de los negocios. La participación de las personas debe ser un papel serio y profesional y aprender a diferenciar a través de reglas claras, expresas y escritas, un proceso organizado y participativo para que todos los accionistas puedan participar.

¿Cómo deben funcionar las empresas para atender de forma correcta el patrimonio?

La tendencia mundial sugiere que las familias empresarias, independientemente de su patrimonio, gestionen y administres sus inversiones con los mismos criterios de organización, profesionalismo y dirección de una empresa. Es importante crear una unidad o estructura sólida, fuerte y administrada por profesionales que apoyen la gestión. Separar los roles familiares y empresariales es crucial para proteger el patrimonio.

¿Cuáles son los problemas legales que enfrentan las empresas familiares?

Cuando una familia no cuenta con niveles altos de patrimonio acuden a este concepto que, como su nombre lo sugiere, está basado en que varias familias se unan para compartir gasto de estructura y puedan beneficiarse de los servicios de administradores y gestores del patrimonio. Es importante trabajar con lo que se tiene y, sobre todo, buscar asesoría para administrar los recursos que se tienen a disposición. Iniciar con un Multi Family Office es una buena alternativa antes de tener el Family Office.

Cortesía La República

Senado de la República aprobó proyecto que regula el trabajo en casa

Entre las reglamentaciones está que el empleador destine el pago de auxilio de transporte para el pago de conectividad de los empleados

Las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo ya eran conceptos conocidos e implementados antes de la pandemia, sin embargo, la crisis aceleró este tipo de trabajo y se volvió relevante en la mayoría de compañías del mundo. Esto, para evitar al máximo el contacto físico que propagara el virus.

Esta urgencia que obligó a adecuar espacios de trabajo en los hogares de las personas, también necesitaba una regulación que tomara en cuenta las nuevas características que implica realizar las labores dentro de casa. En este sentido, ayer el Senado de la República dio el último sí que necesitaba el proyecto de origen gubernamental, que busca regular el trabajo en casa.

En último debate, el ente legislativo aprobó el proyecto que solo falta pasar a conciliación con la Cámara de Representantes y ser sancionado para que se convierta en Ley de la República. Esta regulación radicada con urgencia pasó el semestre pasado por las comisiones séptimas de ambas cámaras que sesionaron de manera conjunta.

En concreto, lo aprobado por el Senado fue lo siguiente:
-El trabajo en Casa es una medida excepcional y temporal para preservar el empleo en medio de la pandemia, debido a las restricciones de contacto que se mantienen para evitar la propagación del covid-19.
-Derecho a la desconexión laboral: todo empleado que ejerza sus funciones bajo la modalidad de trabajo en casa tiene derecho a que se le respeten los horarios de trabajo pactados en el contrato inicial.
-La jornada máxima será de 8 horas diarias y 48 horas a la semana.
-Las horas extra no podrán superar las dos horas diarias ni las 12 horas semanales.
-El trabajador debe realizar su carga habitual de trabajo y no debe tener sobrecargas adicionales.
-Los empleadores deben promover las pausas activas.
-Se debe respetar la vida personal y los descansos a los que tiene derecho el trabajador.
-Auxilio a la conectividad digital, un artículo que, en su momento, dio mucho de que hablar. Para este, el Senado aseguró que, “es uno de los beneficios que se reglamentó en el proyecto de ley sobre trabajo en casa, para aquellas personas que ganan hasta dos salarios mínimos y reciben el auxilio de transporte bajo la modalidad de trabajo presencial”.

De esta forma, a partir de que se convierte en Ley, el empleador deberá destinar los $106.454 de auxilio de transporte para que el trabajador pueda emplearlos en el pago de la conexión digital que este necesita para desarrollar sus actividades.

Cortesía: La Republica

Arranca contrato para mejorar la seguridad en más de 2400 kilómetros de la red vial nacional

• El contrato iniciará con los estudios y diseños para la implementación de los puntos de monitoreo y la modernización del centro de control de operaciones donde se centralizará la información recopilada de las vías.  
• Con el proyecto Vías Inteligentes ITS-VIITS se realizará el suministro, instalación, operación y mantenimiento de 282 puntos de monitoreo en más de 2400 kilómetros de las vías nacionales.
• El contrato de operación incluirá la modernización del #767 para mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de buscar información sobre el estado de las vías.

Bogotá, D. C., 18 de febrero de 2021 (@InviasOficial). Para mejorar la seguridad y conectividad en la red vial nacional, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) dio inicio al contrato de operación e interventoría del proyecto Vías Inteligentes ITS-VIITS, a través del cual se realizará el suministro, instalación, operación y mantenimiento de alrededor de 282 puntos de monitoreo en más de 2400 kilómetros de las vías nacionales.

“Con la implementación del proyecto Vías Inteligentes ITS-VIITS, Colombia integrará, por primera vez, una red de dispositivos ITS bajo un solo centro de control de operaciones y una plataforma de gestión con alcance nacional, que paulatinamente incorporará otros subsistemas y módulos para ofrecer una amplia gama de servicios a los diferentes usuarios de la red vial nacional”, expresó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez.

Según el Director Técnico del INVÍAS, Guillermo Toro Acuña, “el Proyecto Vías Inteligentes ITS – VIITS, es el despliegue tecnológico más importante en infraestructura vial que se ha hecho en los últimos año a nivel de Latinoamérica.  Para la implementación de este sistema, iniciaremos haciendo un empalme con el nuevo contratista para la continuidad operacional de la infraestructura tecnológica existente y adelantaremos los estudios y diseños para la instalación y comunicación en tiempo real con la Plataforma de Gestión de los 282 puntos de monitoreo. Además, se llevará a cabo la reconfiguración y modernización del Centro de Control de Operaciones, desde donde se centralizará y procesará toda la información capturada en la red de monitoreo, en beneficio de una infraestructura vial más segura y resiliente”.

Este proyecto está diseñado para que, mediante el análisis de los datos capturados en campo a través de herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones, se facilite la toma de decisiones asociadas a tránsito y a transporte en temas de planeación, movilidad, seguridad vial y orden público. Además, los usuarios podrán conocer, en tiempo real, las condiciones del tránsito, la seguridad vial y la infraestructura a nivel interurbano, lo que les permitirá reaccionar con suficiente antelación a los diferentes tipos de incidentes que puedan ocurrir sobre la vía.

Adicionalmente, el contrato de operación del proyecto incluirá la modernización del #767 para entregar a los usuarios información actual a través de canales de comunicación como facebook, twitter, correo electrónico, whatsapp y la línea telefónica, lo que mejorará la experiencia de los usuarios a la hora de buscar información sobre el estado de las vías.

Gracias a este tipo de iniciativas, se ratifica el compromiso del sector transporte de trabajar permanentemente por conectar las vidas de los colombianos a través de infraestructura más moderna y segura para sus desplazamientos y con menores impactos en el medioambiente.

información tomada https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/9454/arranca-contrato-para-mejorar-la-seguridad-en-mas-de-2400-kilometros-de-la-red-vial-nacional/

Siniestralidad Vial de Colombia

La publicación es un trabajo conjunto entre el Minsalud y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con el apoyo de la cooperación “Datos para la Salud” de Bloomberg Philanthropies.

Bogotá D.C., diciembre 23 de 2020. (@ansvcol). El Ministerio de Salud y Protección Social y la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV, en cooperación con el programa “Datos para la salud” de Bloomberg Philanthropies, desarrollaron el Anuario Nacional de siniestralidad vial 2019, el cual presenta los principales indicadores estadísticos de siniestralidad vial con base en diferentes fuentes de datos.

“La intención de este anuario es proporcionar una descripción de la siniestralidad vial en Colombia, la cual el Gobierno Nacional ha reconocido como un problema de salud pública, debido a las altas cifras de personas fallecidas, lesionadas y en condición de discapacidad que dejan estos eventos año a año”, aclaró el Dr. Luis Alexander Moscoso, Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.

Esta publicación, que se convertirá en un documento periódico, muestra las cifras nacionales de siniestros viales y comprende nuevas metodologías de cálculo para los indicadores de mortalidad y morbilidad asociadas a este problema de salud. También articula la producción de indicadores estadísticos provenientes de fuentes distintas, en particular, las estadísticas de mortalidad derivadas de los datos del DANE y los datos del Instituto de Medicina Legal.

Además, cuenta con la participación de técnicos delegados de las 12 entidades productoras de datos relacionados con seguridad vial en el país, así como con el apoyo de la Iniciativa Mundial para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies.

Con relación a los lesionados por siniestros viales, esta cifra se presenta por primera vez con base en los registros del sistema de salud. El país conocerá en este anuario una cifra de lesionados graves con base en un criterio objetivo de gravedad, que se obtuvo en la determinación de las hospitalizaciones de más de 24 horas que tuvieron las personas lesionadas como consecuencia de un siniestro vial.

Asimismo, afirmó Moscoso que nuestro país ha consolidado su compromiso dentro de la agenda nacional e internacional para reducir el número de muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales.

“Reconocemos la importancia de intensificar los esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud y reconociendo que la mayoría de las muertes y lesiones consecuencia de estos eventos pueden prevenirse”, comentó el viceministro.

El documento busca convertirse en un referente de información estadística en materia de indicadores de siniestralidad vial, útil para los tomadores de decisiones, para que sea tenida en cuenta por ellos dentro de la implementación de la política pública.

Por su parte, Cynthia Driver, directora del Programa de Impacto de Datos en Vital Strategies, una organización de salud global y socio implementador de Bloomberg Philanthropies, aseveró que “esta publicación es un logro significativo para las entidades, ya que el anuario no solo refleja un fuerte compromiso para visualizar y reducir los fallecimientos y lesiones debidas a este evento en salud pública, sino que también garantiza que se utilice un enfoque basado en la evidencia para configurar y monitorear las intervenciones de seguridad vial en todo el país”.

“Además, refleja el compromiso del Gobierno Nacional de trabajar intersectorialmente para afrontar esta problemática, pues hay que recordar que la seguridad vial es una responsabilidad de todos, que afecta a todos los sectores y a toda la ciudadanía, finalmente, es también un homenaje a las víctimas de siniestros viales en el país, para que a través de estas cifras recordemos que estos siniestros viales en el país nos afecta a todos los colombianos”, argumentó Luis Felipe Lota, director de la ANSV.

Datos para resaltar:

• En 2019 se registraron:
175.604 siniestros viales
743.977 lesionados
40.563 personas que requirieron hospitalización
45.525 hospitalizaciones

• De los 6.495 fallecidos por causa de un siniestro vial durante los 30 días de ocurrido el siniestro, el 54% fueron motociclistas y un 25% fueron peatones.

• Aproximadamente el 70% de las personas fallecen el mismo día. El mayor número de fallecidos que dejan los siniestros viales se presentan entre las 6 y 9 p.m.

• Las principales causas de muerte en Colombia las han liderado en los últimos 13 años las enfermedades crónicas no transmisibles y las lesiones. La siniestralidad vial se ha mantenido entre las 10 primeras causas, ocupando el puesto número 8 en el 2018.

• El siniestro vial tiene un perfil urbano, el 70 % de los siniestros ocurren en las ciudades capitales. El 43 % de los fallecimientos ocurrieron en 11 ciudades de más de 500 mil habitantes, donde se concentra la mitad de la población colombiana.

• Desde el 2008 la motocicleta pasó a ser el vehículo predominante en el parque automotor, conformando el 57 % de los vehículos en 2019, mientras que el vehículo liviano representa el 36%.

El Anuario se podrá consultar en las páginas web del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del siguiente enlace:

https://ansv.gov.co/observatorio/index420a.html?op=Documentacion&id=122

Cambios en las relaciones laborales por Covid-19

El covid-19 ha cambiado la manera en la que tradicionalmente se desarrollan las relaciones de trabajo y se cumple con algunas de las principales obligaciones. Pero ¿qué ha cambiado y qué no a causa del coronavirus?

No se puede asumir que el trabajo en casa o el covid-19 relevan a los empleadores y trabajadores del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Por ello, se mantiene la obligación de entregar la dotación a los trabajadores remotos en las fechas señaladas, pues no ha habido una modificación en ese sentido como consecuencia de la pandemia.

Los límites de la jornada se mantienen; por lo tanto, las partes se deben ceñir al horario laboral, mantener la “carga habitual de trabajo” y garantizar la “desconexión digital”. Se deberán seguir reconociendo los recargos por horas extras, nocturnos, dominicales y/o festivos, cuando aplique.

Aun cuando las normas laborales no exigen la firma manuscrita en los documentos, su formalización, estando las partes en lugares distintos, ha sido otro gran reto.

Se tuvieron que explorar distintas alternativas, como la firma digital y la firma electrónica, por medio de herramientas como Docusign, Certicámaras, etc. Sin embargo, no se limitan a estas, también se podrá usar la firma escaneada, o la aceptación por medio de correo electrónico, e incluso la manifestación de voluntad, a través de plataformas como Teams, Zoom u otras, contando con la autorización de las partes para la grabación.

De la mano con esto, los trabajadores deben entender que, bajo el contexto actual, es necesario explorar alternativas diferentes a la firma tradicional y obsoleta de papel y esfero.

También resulta difícil pensar en la manera de cumplir con la obligación de programar la jornada familiar con las medidas de aislamiento obligatorio y selectivo. En todo caso, esta obligación también permanece vigente en la misma periodicidad definida en la Ley 1857. De manera que se debe seguir realizando una vez cada semestre, y solo excepcionalmente, acumularlas.

Para cumplir con esta obligación, la empresa deberá pensar en opciones que no impliquen aglomeraciones y respeten las medidas de bioseguridad, principalmente a través de actividades virtuales en las cuales el trabajador pueda compartir con su familia.

¿Qué deberían tener presente los trabajadores remotos?

A pesar de estar desde casa, también se mantienen sus obligaciones laborales como trabajadores. Por ejemplo, se debe garantizar que el trabajo remoto no implique que terceras personas puedan tener acceso a información que es de naturaleza confidencial de la empresa, pues sin importar el lugar desde donde se preste el servicio, esta responsabilidad se mantiene.